Las pensiones que entrega el sistema de capitalización individual chileno son insuficientes para que los jubilados sostengan una vida digna. Según la Comisión Bravo, la mediana de la tasa de reemplazo es de 34%, cifra similar a las estimaciones de la OECD, que la sitúan entre 33% y 37% (1).Esto significa que la mitad de los trabajadores que pasan a retiro en este sistema recibe un ingreso como jubilado del orden de un tercio o menos de su ingreso en la vida activa. Independiente de las tasas de reemplazo, cerca del 78% de las pensiones es inferior al salario mínimo, y 44% está bajo la línea de la pobreza (2).
Las pensiones son insuficientes porque los trabajadores chilenos no logran acumular el ahorro previsional que se necesita para financiar su vida pasiva de manera digna. No lo logran porque -en promedio- un trabajador cotiza solo 24 años durante su vida laboral. Como las pensiones de retiro programado se calculan sobre la base de una tabla de expectativas de vida que llega hasta los 110 años, el ahorro previsional debe financiar pensiones durante 45 años, desde los 65 años hasta los 110 años.
Es matemáticamente imposible que ahorrando el 10% del ingreso laboral durante 24 años se financie una pensión razonable que dure 45 años.
El caso de las mujeres es aún más dramático, pues cotizan en promedio sólo 15 años y deben financiar su pensión desde los 60 hasta los 110 años, es decir, nada menos que 50 años.
La baja densidad de cotizaciones deriva de las dificultades del mercado del trabajo para ofrecer empleos estables. De hecho, desde 1981, año en que se instauró el sistema de AFP, la tasa promedio de desempleo es del orden de 9%. Pero quienes hoy se pensionan vivieron la dura crisis de 1982-83, con tasas de desempleo de hasta 30% (3), con un promedio de 12,4% entre 1981 y 1989. No es posible exigir a esos trabajadores un nivel de ahorro como si nunca hubiesen vivido periodos de cesantía.
Además del problema que presenta el desempleo para la acumulación de ahorro previsional, la alta incidencia del empleo temporal en Chile agrega una dificultad mayor en materia de regularidad en el entero de las cotizaciones previsionales.
Es claro que financiar 45 ó 60 años de vida pasiva con ahorros escasamente acumulados durante 24 ó 15 años solo puede conducir a pensiones miserables. Además, la cobertura del riesgo de longevidad es deficiente. Por un lado, la modalidad de retiro programado no cubre adecuadamente la longevidad, puesto que el monto de la pensión disminuye en el tiempo. Por otro lado, dada la prolongada extensión de la edad pasiva, la cobertura que ofrece la modalidad de renta vitalicia, resulta ser de alto costo, expresado en el bajo nivel de la pensión.
Ante esta realidad, una mejora sustantiva del nivel de las pensiones es posible con una propuesta simple y efectiva que divide la edad pasiva en una primera etapa que llamaremos Tercera Edad y en un segunda etapa llamada Cuarta Edad.
La Tercera Edad corresponde a la etapa que va desde la edad mínima legal de retiro hasta la expectativa promedio de vida y la Cuarta Edad es la que comienza a partir de esa expectativa promedio de vida hasta el fallecimiento.
Con los actuales parámetros, esto significa que la Tercera Edad de los hombres se extendería por 20 años, desde los 65 hasta los 85 años, mientras que en las mujeres duraría 30 años desde los 60 a los 90 años.
Pensiones para la Tercera Edad
¿Cómo se financiarían las pensiones en la Tercera Edad?
El ahorro previsional acumulado con gran esfuerzo y sacrificio por los trabajadores durante su vida activa, mientras cubrían además todas las necesidades familiares, como vivienda, salud, educación, amén de vestuario y alimentación, puede financiar una pensión significativamente mayor usándolo enteramente durante la Tercera Edad. Ello se funda en que esos ahorros financiarán solo 20 y 30 años, según se trate de un hombre o una mujer, en lugar de hacerlo por 45 o 50 años.
Existen cálculos preliminares que estiman un alza de las pensiones de hasta 31% en esta Tercera Edad (4).
Si se corrige el cálculo de las expectativas de vida por nivel socioeconómico, puede esperarse alzas adicionales de entre 15% y 20% en los segmentos de menores ingresos. En efecto, los individuos de mayores ingresos tienen una mayor expectativa de vida que las personas de ingresos más bajos y la diferencia va en aumento. En Estados Unidos, las mujeres del quintil superior viven 14 años más que las del quintil inferior, y los hombres 13 (5).
Esta divergencia de expectativas de vida según nivel de ingresos se observa también en otros países de la OECD (6). Por ejemplo, en Canadá (7) para un individuo de 25 años del primer quintil la probabilidad de vivir hasta los 75 años es de 50%, mientras que para el quintil superior es de 73%. En las mujeres, las probabilidades son 69% y 83% respectivamente.
Debe tenerse presente que, en el caso chileno, las mujeres reciben pensiones 15% inferiores a las de los hombres por el hecho que viven 5 años más que los varones, es decir, 3% por cada año de diferencia.
Ajustar el cálculo de las pensiones por tablas de expectativas de vida y mortalidad que distingan por nivel socioeconómico puede dar lugar a alzas en las pensiones del orden de 20% para el primer quintil, es decir, para los más pobres.
El uso de tablas que no distinguen por este factor da lugar a que los más pobres no disfruten plenamente de sus ahorros previsionales en forma de pensión, pues fallecen tempranamente. Los recursos no recibidos por el pensionado van a herencia, si la modalidad elegida fue el retiro programado, o a subvencionar a los retirados de mayores ingresos, que viven más, si se optó por la renta vitalicia. En consecuencia, las actuales tablas dan lugar a un inaceptable efecto regresivo en la distribución de ingresos en el segmento de adultos mayores.
Pensiones para la Cuarta Edad
¿Cómo se financiarían las pensiones en la Cuarta Edad?
Esta propuesta recomienda financiar las pensiones de la Cuarta Edad con los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) que maneja el Fisco.
El FRP acumula poco más de US$ 9.000 millones (8) y se incrementa conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal en un monto mínimo equivalente al 0,2% del PIB del año anterior (9), es decir, unos US$ 500 millones por año.
Por otra parte, el Fisco gasta del orden de US$ 1.600 millones anuales en el Pilar Solidario, de los cuales cerca de US$ 720 millones se destinan al Aporte Previsional Solidario (APS). El alza de las pensiones en la Tercera Edad implica un importante ahorro para el Fisco, pues muchos pensionados que hoy acceden a un subsidio por APS ya no lo requerirían.
El ahorro fiscal que se genera por la aplicación de la Propuesta Tercera Edad–Cuarta Edad, que se puede estimar preliminarmente en torno a US$ 300 millones anuales, sería destinado a incrementar el FRP para contribuir al financiamiento de las pensiones de la cuarta edad.
Adicionalmente, esta propuesta recomienda que el 5% de cargo de los empleadores, planteado por la Presidenta Bachelet y que corresponde a un flujo anual cercano a US$ 500 millones, sea aportado al FRP.
De este modo, el FRP contaría con aportes anuales del orden de US$ 1.300 millones para asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones de la Cuarta Edad.
Ventajas de la propuesta
Esta propuesta ofrece una significativa e inmediata mejora de un potencial de entre 40% y 50% de las pensiones, tanto las actualmente en curso como las futuras, resolviendo el acuciante drama de los trabajadores y jubilados que masivamente han marchado por las calles del país en los últimos meses.
En segundo lugar, es de destacar que esta alza en las pensiones no requiere de ningún aporte adicional del Fisco, puesto que en la Tercera Edad se financian exclusivamente con el ahorro previsional de cada trabajador. En la Cuarta Edad, el financiamiento proviene del aporte de los empleadores y del ahorro fiscal por el menor APS.
El ajuste de las tablas de expectativas de vida y mortalidad por nivel socioeconómico corrige una fuerte inequidad y mejora la distribución de ingresos en los adultos mayores. En tanto, la sostenibilidad financiera y de largo plazo del sistema queda resguardada por la vía del ahorro fiscal en el Pilar Solidario y del aporte adicional de cargo de los empleadores.
Cabe destacar que, en todos los países de la OECD, los empleadores aportan al sistema de pensiones, siendo Chile la única excepción. Esta Propuesta incorpora al empresariado como contribuyente del bienestar de sus trabajadores en la etapa de retiro.
Finalmente, la Propuesta mantiene el destino exclusivo que establece la ley para el ahorro previsional: se usa únicamente para financiar pensiones.
Nota del editor:
El autor de este artículo es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master in Business Law de la misma universidad. Experto en materias de regulación financiera, fue Superintendente de Pensiones entre abril y noviembre de 2014. Antes trabajó en la Superintendencia de Bancos y fue asesor del Ministerio de Hacienda para la reforma a la Ley de Bancos en 1997.
Citas:
(1) Pensions at a Glance 2015, OECD: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris.
(2) Informe Final Comisión Bravo, sección Otras medidas de suficiencia, página 92.
(3) Esta tasa considera los planes de empleo PEM y POJH.
(4) En un trabajo publicado en 2015, Berstein, Puente y Morales hacen un ejercicio que concluye en aumentos de 14% a 27% según se trate de hombre o mujer y distinguiendo entre renta vitalicia y retiro programado. Por otra parte, en su tesis de grado, cuyo profesor guía fue Guillermo Larraín, Simón Ballesteros concluye que el aumento de pensión para las mujeres sería de 10% a 17% y de 16% a 31% para los hombres.
(5) National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2015). The Growing Gap in Life Expectancy by Income: Implications for Federal Programs and Policy Responses.
(6) Health at a Glance, 2013, OECD: OECD indicators, OECD Publishing, Paris.
(7) Remaining life expectancy at age 25 and probability of survival to age 75, by socio-economic status and Aboriginal ancestry, by Michael Tjepkema and Russell Wilkins. October 2011, Statistics Canada.
(8) US$ 9.348 millones a julio de 2016.
(9) Si el superávit fiscal efectivo es superior a 0,2% del PIB, el FRP recibe un aporte equivalente a dicho superávit, con un máximo de 0,5% del PIB.
Álvaro Gallegos Alfonso
Fuente: Economía&Política
