Proyecto anticolusión inquieta a persecutores por facultad exclusiva de FNE para denunciar

Preocupación existe en el Ministerio Público ante la eventual aprobación del proyecto de ley que sanciona la colusión, pero que deja en manos de la Fiscalía Nacional Económica la decisión de denunciar penalmente a los infractores de esta norma. Lo anterior se agudiza más con la paralización del caso del denominado Cartel del Papel Higiénico, tras el requerimiento constitucional que presentó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra la Fiscalía Sur.
Los persecutores pretendían tener acceso al expediente completo de la FNE que los llevó a denunciar por colusión a las papeleras CMPC-Tisue del grupo Matte y la sueca SCA-Chile.
Sin embargo, el tribunal económico decretó la reserva de varios antecedentes, como escuchas telefónicas, correos de ejecutivos de ambas empresas y allanamientos.
El fiscal sur, Raúl Guzmán, insistió que los datos son importantes para el éxito de la investigación penal por adulteración de precios.
En el requerimiento ante el Tribunal Constitucional se acusa a la Fiscalía de “infringir las disposiciones relativas a la protección de documentos confidenciales, contenidas en los artículos 22 y 39 (a) del Decreto Ley 211”.
Precisamente este lunes el TC podría resolver la admisibilidad de este escrito, con lo que la Corte de San Miguel estaría impedida de fallar, no obstante que el viernes, tanto el TDLC, como la FNE presentaron sus respectivos informes al tribunal de alzada.
Ya que este procedimiento paraliza tanto la investigación penal, como la del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el diputado DC Gabriel Silver, uno de los querellantes en la causa, anunció que se irán a quejar ante el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
En tanto, el director del Sernac, Ernesto Muñoz, confirmó que el organismo citó a los representantes legales de CMPC para este miércoles para que entreguen los antecedentes precisos de los montos y perjuicios que generó su colusión con SCA.
El Sernac está en pleno proceso de mediación con el grupo Matte, aunque en forma paralela la organización de consumidores Conadecus ya interpuso ante el Primer Juzgado Civil de Santiago una demanda contra ambas empresas por cerca de 500 millones de dólares.
El proyecto de colusión en el Congreso busca castigar con una pena de crimen, entre cinco años y un día hasta 10 años, a quienes celebren acuerdos de precios; que los condenados no puedan acceder a beneficios sino hasta cumplido -al menos- un año efectivo de cárcel y que cuando se trata de productos de primera necesidad, la pena comience con siete años y medio de presidio.
Sin embargo, deja la acción penal en manos de la Fiscal Nacional Económico de turno, al igual que en los ilícitos tributarios, en manos del director del SII.
Lo más grave del tema es que si bien la evasión de impuestos perjudica al Fisco, la colusión afecta a todos los consumidores, es decir, a todos los chilenos.
Lo que temen en el Ministerio Público es que se cree una justicia paralela, es decir, una especial para los empresarios.
 
Fuente: Biobio