RAP-Chile reafirma su rechazo a la Ley Monsanto y a todo mecanismo funcional a su aprobación

“El estudio sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza legal que se cierne sobre la semilla, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
El tema de la semilla y su efectiva protección no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones. Pero la campaña ciudadana contra la Ley Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación del cuestionado proyecto e iniciar la búsqueda de diferentes mecanismos para viabilizar ley, tales como el estudio [1]que comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral que no ha tenido carácter nacional ni ha significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la propia mandataria durante su campaña electoral.
UPOV 91 es lo central
Al revés de los consultores que realizaron este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos muy claros los objetivos centrales del proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores (las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser “puestas a punto” o “descubiertas” para luego ser registradas a nombre de las empresas. Todos los agregados que se hagan a esta ley pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la preeminencia del convenio internacional, como ha ocurrido en otros países. La decisión del gobierno de eludir la consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,) que excluyó a organizaciones campesinas históricas como ANAMURI y a otras organizaciones ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.
RAP-AL ha manifestado públicamente que no se necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas públicas a favor de la agroecología elaboradas por organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado con ese fin en Santiago en agosto de 2014.
Privatización de la semilla
Las propuestas del estudio encargado por ODEPA apuntan en lo central a fortalecer formas de protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales, y son consistentes con el contenido de la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto que el gobierno chileno reactivará en forma pronta, al parecer sin realizar la consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar e intercambiar libremente la semilla, pero estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV 91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.
Transgénicos y centros de origen
El estudio licitado por ODEPA aborda la relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la semilla campesina, y de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio, facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al mercado interno.
La contaminación de los cultivos tradicionales o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están comprobados en Chile y otros países. Sin embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé, Carlos Muñoz y Dinko Covacevich no consideran que sea necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue presentada en el estudio en forma separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto en derecho indígena) y Blanche Magarinos-Rey (abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo consultor. Los citados académicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo. Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.
El estudio también incluye un análisis de la legislación comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o incorporadas y dedica escaso espacio a la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de ello.
En el curso de la presentación de esta consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell, confirmó que los consultores conocieron la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales (Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.
RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio, y que constituye una amenaza para la biodiversidad, la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, vulnerando también el derecho a la alimentación sana que todos y todas tenemos.
 
Fuente: PanamaOn