CONADECUS POR FALLO CONTRA METROGAS: LA SEC NO ESTÁ A LA ALTURA EN LA DEFENSA DE CONSUMIDORES.
Consumidores critican actuar de la Superintendencia en el caso de los cobros excesivos de Metrogas, que deberá compensar con $1.400 millones a 150 mil clientes, pues afirman que la autoridad no tuvo “injerencia regulatoria” en el tema.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) luego de conocer el fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa Metrogas a compensar a 150 mil clientes por un total de $1.490 millones debido a cobros indebidos, destaca el buen precedente : “Valoramos el fallo del tribunal, porque hicieron la pega y favorecieron a los consumidores en su totalidad, a pesar de que la denuncia vino de una persona, pero lo negativo aquí es que esto llegó a tribunales y la SEC no hizo nada antes para solucionar el problema” mientras que las criticas apuntan directamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) quienes han evidenciado su incompetencia al momento de fiscalizar.
“NO ESTÁ A LA ALTURA”
Para Conadecus el organismo fiscalizador, “no está a la altura de la defensa de los consumidores, porque no detectó el problema de Metrogas, lo que nos indica que estos organismo no estan viendo los abusos que hacen las empresas y están mas preocupados de la utilidades que obtienen. La SEC debio haber resuelto esto sin necesidad de que lo hicieran los tribunales”.
Conadecus recalca que un problema similar ha ocurrido con la empresa eléctrica CGE Distribución, en que “hasta hoy la SEC tampoco toma acciones para poder resolverlo”.
MONTOS COMPENSACIÓN
Una de las preocupaciones de Conadecus es determinar el modo en que Metrogas procederá a compensar a los usuarios afectados por los cobros excesivos, por lo que solicitan que la SEC “esta vez tenga una injerencia regulatoria, pues anteriormente no denunció lo que ocurría ni hizo acciones importantes para evitar que esto llegara a tribunales”.
Para Conadecus otro tema de fondo para despejar el temas de las compensaciones a consumidores es extender el período de prescripción de las multas de los actuales 6 meses a 1 año, para que las empresas no aborden la estrategia legal de judicializar los casos a fin de apelar posteriormente a la prescripción, tal como sucedió con la demanda colectiva a Cencosud.
