Con las pensiones de invalidez, a diferencia de las de vejez, el problema no es el monto, sino el rol de la industria de la previsión: las AFP tienen un rol preponderante en la redacción de las normas de invalidez, en el acceso y sobre las compañías que venden los seguros. Los límites público-privado se desdibujan tanto que la misma persona que fue ministro de fe de la Superintendencia de Pensiones en la mesa que redacta las normas para calificar cada caso, hoy es el representante de las compañías de seguros en la misma mesa.
Tras 40 años de trabajo como funcionaria en el Hospital de Chillán, María Hermindia Martínez empezó a sentir dolores constantes en su cuerpo. En el mismo recinto donde empezó a trabajar a los 17 años y pasó por las áreas de aseo, alimentación y lavandería, le diagnosticaron artrosis en columna, manos y rodilla. Al no poder desempeñarse en totalidad en su trabajo, decidió iniciar el trámite para obtener una pensión de invalidez.
Entonces, a principios de 2010, la comisión médica regional -encargada de hacer el primer trámite de evaluación médica para adquirir un seguro de invalidez- determinó que María Hermindia padecía de raquiestenosis, lumbago crónico y tinitus y que sufría un menoscabo de la capacidad de trabajo en un 67%.
La ley chilena establece dos tipos de invalidez: la total (pérdida de capacidad laboral superior o igual a un 66,6%) y parcial (pérdida de capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a 66,6%). Esta forma de delimitar quién es o no susceptible de recibir una pensión de invalidez tiene consecuencias. Si la comisión médica determina que una persona tiene el 49% de su capacidad laboral, legalmente es considerado igual de apto para trabajar que alguien que esté 100% sano.
Pero el primer dictamen de María Hermindia jugaba a su favor. Con el 67%, podría recibir la pensión de invalidez total. Tras el primer trámite en la comisión médica regional de Chillán, dicho dictamen se trasladó a la comisión médica central, el organismo de la Superintendencia de Pensiones conformado por 27 médicos que deciden si le corresponde la entrega de la pensión en base a las normas elaboradas por una comisión técnica cada dos años. Pero ahí empezaron los problemas para María Hermindia: la central le decretó apenas 29% de invalidez.
Inició el proceso de nuevo y pasó lo mismo. Obtuvo un 69% de invalidez en la regional -que le agregó al diagnóstico gonartrosis-, pero la Central se lo volvió a bajar a un 34%, insuficiente para la pensión transitoria. Antes de ambos dictámenes de la comisión central, la asociación de aseguradoras presentó un reclamo sobre su caso en el que decían que el dictamen de la comisión regional estaba sobrevalorado.
Finalmente, al tercer intento y ya en septiembre de 2011 obtuvo una invalidez transitoria. La comisión médica central determinó que su incapacidad alcanzaba un 55%. Al ser menor al 2/3, quedaría a evaluación en un par de años.
En 2014, María Hermindia estaba confiada en seguir con su pensión de invalidez por una simple razón: su enfermedad es degenerativa y estaba en peores condiciones que hace 3 años. Incluso quería incluir su diabetes en la evaluación, pero no la dejaron. “Cuando tuvo que renovar el trámite empezó el show de nuevo”, cuenta Hans Reviux Martínez, su hijo y quien la acompañó en todo el proceso.
Tras rechazarle la continuidad de la pensión, María Hermindia apeló. La comisión central entonces cifró su invalidez en 25%. Es decir, tenía que seguir trabajando. Apeló de nuevo y en el segundo dictamen, con fecha del 23 de febrero del 2015, se dice que su incapacidad alcanza apenas un 15%. Es decir, 40% menos de lo que la misma comisión le había decretado años atrás.
“Ella pagó un seguro en Vida Security desde los ’90, más de 30 años pagando.Pero la aseguradora se llevó toda la plata, ni siquiera han tenido la decencia de llamar a mi mamá después de todo esto”.
Incapacitada a seguir trabajando, hoy María Hermindia está jubilada con su pensión de vejez. AFP Capital le entrega la mísera suma de 120 mil pesos mensuales todos los meses. “En resumidas cuentas, en buen chileno, se la jodieron”, cuenta Hans.
El rol preponderante de las AFP
El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) está destinado a aquellas personas menores de 65 años que cotizan en AFP y producto de una enfermedad o accidente no puedan continuar trabajando. Se trata de un seguro obligatorio, cuyo costo alcanza el 1,41% de la renta imponible del trabajador y que está a cargo de los empleadores.
El monto de la pensión de sobrevivencia depende de la edad del trabajador, el fondo acumulado, el sexo de afiliado. A diferencia de las pensiones de vejez, las SIS son considerablemente mayores en cantidad. El problema para muchos usuarios está en lo engorroso del trámite y pasar por las distintas comisiones médicas.
“El problema es con la calificación de invalidez. Ahí es donde hay que hacer una cirugía mayor. Es poco transparente y muy opaco todo. Cuando se califica una invalidez del 30% es un desastre porque esa gente no puede acceder al mercado laboral y la prestación de vejez no les alcanza para vivir. No se piensa en los intereses de la persona sino de la industria”, dice Patricio Guzmán del movimiento No + AFP.
La invalidez se califica en dos instancias: la comisión médica regional y la central. Ambas se basan en un documento de normas técnicas elaborado en conjunto por la Superintendencia de Pensiones y las AFP.
Según las estadísticas de la Superintendencia –disponibles en su página web– más de 6 millones de personas se encuentran cubiertas por los seguros de invalidez. Sin embargo, la cifra disminuye drásticamente al ver en realidad cuántos son los terminan con sus seguros de invalidez en la mano.
Según una solicitud por Transparencia a la que accedió El Desconcierto, en septiembre de 2015 habían 6.287.780 afiliados cubiertos por el SIS. El número de seguros entregados ese mes es de apenas un 0,0095% de esa cifra. Es decir, 595 personas.
En el segundo trimestre de 2016, y sin contar las solicitudes por Pensión Básica Solidaria, se iniciaron 9.354 trámites de invalidez. De esas se aprobaron en un primer trámite 4.833, ya sean parciales o totales. Se rechazaron 4.521.
Al igual que con las AFP, las mujeres parecen ser discriminadas por su género. En el mismo período, de 4.218 mujeres que solicitaron el seguro, se les rechazó a 2.363, más del 56%. A los hombres se les rechazó el 40% de las solicitudes.
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“Gabriel” -no es su nombre real- tuvo un accidente fuera de su horario laboral que lo dejó con quemaduras en distintas partes del cuerpo y con su rodilla derecha amputada. Inició los trámites de calificación de Invalidez en su AFP de afiliación, Habitat. Al igual que en el caso de María Hermindia la comisión regional le entregó una invalidez suficiente para la SIS parcial, pero la comisión central determinó que no reunía los requisitos para la pensión.
Su caso fue tomado por la Fundación Valídame, que trabaja precisamente en asesorías a personas para que obtengan sus seguros de invalidez.
Fuente: ElDesconcierto
