Senadores impulsarán cambios a sistema de multas en proyecto de ley del Sernac

Perfeccionar el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Ese es el principal desafío que enfrenta hoy no solo la Comisión de Economía del Senado sino también los actores que serán fiscalizados por la entidad.
En el período de audiencias del grupo parlamentario -que termina esta semana-, diferentes gremios, asociaciones de consumidores y académicos han planteado sus inquietudes. Transversalmente, se advierten riesgos en el sistema de multas; la concentración de atribuciones; el principio de especialidad, que podría duplicar normativas en sectores regulados (telecomunicaciones, eléctrico, entre otros), y el gobierno corporativo del Sernac.
Para el presidente de la comisión, el senador PPD Eugenio Tuma, y sus integrantes, los senadores Lily Pérez (independiente) y Jorge Pizarro (DC), es un hecho que el proyecto sufrirá ajustes.
“Queremos hacer una ley sensata y equilibrada”, sostuvo el senador Tuma, quien adelantó que impulsará cambios en el ámbito de la competencia y la estructura del Sernac: “Estoy por que sea una infraestructura colegiada. Si se está haciendo con la SVS, ¿por qué no en este caso?”.
El principio de especialidad; las mayores facultades normativas, fiscalizadoras y de sanciones, y el riesgo de que el servicio termine siendo juez y parte “son temas abordables” para el senador Pizarro. “El Gobierno tiene disposición a buscar lo que sea mejor para tener una Ley del Sernac que proteja a los consumidores, inhiba conductas abusivas y establezca procedimientos justos y equitativos cuando se trate de una situación de conflicto”, explicó el presidente de la DC.
La senadora Pérez es enfática: “A esta iniciativa hay que quitarle cualquier sesgo de discrecionalidad en la aplicación, que nunca el Sernac sea juez y parte. Para eso, lo importante es generar un organismo colegiado”.
El tema más sensible: las multas
La próxima semana se debatirá el sistema de multas, uno de los temas que preocupan transversalmente, porque una empresa podría terminar pagando por una demanda colectiva hasta el 30% de las ventas obtenidas durante el período en que la infracción se haya prolongado, o el doble del beneficio económico percibido como resultado de la infracción.
Los cuestionamientos apuntan a que sería un error generar un límite para el monto de las multas en razón de las ventas, porque es un criterio vinculado a faltas a la libre competencia. Además, esta situación podría significar para las micro, pequeñas y medianas entidades pagar -como multa máxima- montos por hasta el 90% de su patrimonio. “Es evidente que es una situación que se puede regular un poco mejor”, dijo Pizarro.
Según Tuma, se buscará que “las multas sean coherentes, razonables, proporcionales, que tiendan a inhibir la comisión de abusos, pero sin poner en riesgo a la empresa, porque eso desnaturaliza la fiscalización”. En línea, la senadora Pérez considera positivo buscar formas de incentivar buenas prácticas, reconociendo, por ejemplo, a las firmas que no exhiben reclamos.
 
Fuente: EyN