Sernac investiga a la banca y el retail por usar nueva ley de quiebras para no dar crédito y tarjetas

Mientras el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Andrés Pennycook, viajaba esta semana entre Rancagua y Ovalle promoviendo en terreno el uso de la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento -o nueva ley de quiebras-, en Santiago crecían las diferencias entre la autoridad y los operadores del  retail financiero. Concretamente la controversia apuntaba a si se puede considerar o no en el otorgamiento de créditos o tarjetas el hecho de que las personas se hayan sometido a alguno de los mecanismos contemplados en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, esto es, ya sea renegociando sus deudas o realizando un proceso de liquidación de bienes para hacer frente a esos pasivos.
El Sernac ya envió una seguidilla de oficios a poco más de una docena de compañías del retail consultándoles acerca de la existencia de impedimentos para el otorgamiento de sus tarjetas de crédito a los consumidores que se hayan sometido a alguno de estos procesos. Adicionalmente, el organismo confirmó el viernes que también está preparando la misma investigación entre los operadores bancarios -consulta que se iniciará en “los próximos días”-, luego que BancoEstado fuera mencionado por la Superintendencia como una entidad que de acuerdo a una denuncia que recibió también habría incurrido en esta práctica.
Para el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento esta práctica va en contra del espíritu de la nueva ley de quiebras, que busca que las personas que han caído en impagos puedan acogerse a mecanismos como la renegociación de sus deudas o la liquidación de sus bienes para concretar el pago, de modo que puedan así hacer una especie de “borrón y cuenta nueva” y logren reintegrarse en el sistema financiero. “Lo que busca es que la persona pueda reemprender, que se pueda sacar la mochila de la deuda morosa, y cuando hablamos de personas que han manifestado su voluntad de pagar sus deudas, no se ve razón para que esto tenga un efecto negativo”, describe. Por eso es que están haciendo un seguimiento especial a los casos que ya se han ido manifestando, por considerarlos “improcedentes y arbitrarios”.
La superintendencia alertó al Sernac sobre la práctica en que estarían incurriendo los retailers y BancoEstado a través de un oficio enviado el 10 de mayo. Allí citó un correo electrónico que les envió Víctor Barrientos Ringler en julio de 2015, quien realizó la renegociación de sus deudas y el banco estatal “le había negado el otorgamiento de un crédito en atención a que se había sometido al referido procedimiento”.
Consultado el banco, respondió sin aludir directamente al caso mencionado que “para BancoEstado el que las personas se hayan acogido a los procedimientos contemplados en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, no constituye causal de rechazo para la contratación de productos y servicios financieros”.
Añadió que no obstante, “de acuerdo a nuestra política vigente para el otorgamiento de créditos y servicios financieros, las solicitudes formuladas por clientes son analizadas caso a caso, considerando los requisitos comerciales y de evaluación de riesgo que se aplican a todas las personas por igual. En ese marco, las situaciones de rechazo se fundamentan exclusivamente en condiciones objetivas y no discriminatorias, que en ningún caso contemplan como causal de rechazo el haberse acogido a los procedimientos previstos en la mencionada ley”.
Sernac evalúa si hay infracción a la ley del consumidor
El oficio enviado por la Superintendencia al Sernac también menciona lo ocurrido con Lider Mastercard, que en su página web detalla expresamente que entre sus requisitos de otorgamiento está “el no haberse acogido a alguno de los procedimientos establecidos en la Ley 20.720”.
Por ello, el Sernac a su vez requirió información a Walmart, dueño de la tarjeta Lider Mastercard, y también a la empresa Crédito, Organización y Finanzas S.A., por sus tarjetas Abcdin, que también hacen explícito el requisito en su página web (ver fotografías).
Además de ellas, consultó a otras once compañías: Ripley (CAR), Cencosud (CAT Administradora de Tarjetas S.A.), Falabella (CMR Falabella), Corona (Sociedad de Créditos Comerciales), Hites (Sociedad Inversiones y Tarjetas S.A.), La Polar (Inversiones LP S.A.), Fashion’s Park (Kimco S.A.), Salcobrand (Matickard), Cruz Verde (Solventa Créditos), SMU y Tricot (Tricard S.A.). Todas ellas tienen distintas fechas de plazo para responder hasta el 3 de junio próximo.
Hasta el viernes, CMR Falabella era una de las primeras compañías que ya habían enviado respuesta, indicando que las condiciones para acceder a su tarjeta son públicas y promocionadas tanto en su página web como en las sucursales. “Dentro de nuestras condiciones no existe referencia a la Ley Nº 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y así lo hemos detallado al Sernac”, dijeron desde la compañía ligada a la familia Solari.
Desde el Sernac recalcaron que continuaban recabando todos los antecedentes del caso, de manera de establecer con precisión el fondo de las prácticas que están llevando a cabo las entidades financieras. “Luego de realizado este análisis, podremos determinar la eventual configuración de una infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), especialmente en lo relativo a las condiciones objetivas para acceder a los productos financieros”, recalcaron desde la repartición pública.
Las personas ingresan a un registro que es público
¿Cómo las empresas están accediendo a la información de quiénes se someten a algún procedimiento de la nueva ley de quiebras? Lo que ocurre es que mientras se desarrolla cualquiera de los procedimientos, las personas ingresan a un registro que es público (Boletín Concursal) y se va actualizando permanentemente en la web de la superintendencia. Cualquiera de los procedimientos suele durar varios meses, por lo que el nombre de cada una de estas personas figura en esos listados hasta que las causas culminan.
Como parte de la investigación de las autoridades se busca determinar si esos registros estarían siendo utilizados por las compañías e incorporados en sus bases de datos para analizar el riesgo de las personas que solicitan créditos. Por eso es que ya se comienza a acuñar el término de “segundo Dicom” o “Dicom en las sombras”, entre quienes han hecho presentaciones o recurrido a la Superintendencia o el Sernac.
El abogado Ricardo Ibáñez, del estudio Grupo Defensa, que asesora una causa que ya está en tribunales (ver recuadro), señala que “es muy importante que la superintendencia, el Sernac y los Tribunales de Justicia se pronuncien respecto a esta exigencia que están realizando algunas multitiendas, porque así como lo vemos, se trata de un segundo Dicom, una herramienta que estaría discriminando a las personas de manera arbitraria e ilegal, lo que no se condice con lo que buscaba originalmente la ley en cuanto a ayudar a las personas que enfrentaban dificultades para el pago de sus deudas.
“No observamos razón alguna para que el haber aparecido en el Boletín Concursal constituya impedimento para el acceso al crédito, máxime si luego de la renegociación o de la liquidación el deudor deja de estar moroso y pasa a estar al día o no tener deuda”, replica también el superintendente Pennycook.
En la misma línea, el economista y vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Planificación de la Universidad Mayor, Tomás Flores -que como ex subsecretario de Economía fue uno de los impulsores de esta ley-, explica que como originalmente la nueva norma fue considerada una alternativa de las personas para partir de nuevo, “es necesario informarle al resto de la sociedad que ello ocurrió. Lo que no es aceptable es que esto sea un motivo para rechazarle el crédito”, defiende.
Retail ya se reunió con la Superintendencia
El vicepresidente ejecutivo del Comité Retail Financiero, Claudio Ortiz, plantea que por tratarse de una nueva regulación, lo que estaría ocurriendo es más bien el surgimiento de distintas interpretaciones sobre lo que pueden o no tener en consideración las empresas. Algo así como una interpretación distinta en cuanto a si se puede o no tener como causal de entrega de créditos el haber pasado por uno de los procesos establecidos en la nueva ley.
En esa línea, por ejemplo, desde Walmart reconocen que la información proveniente de quienes han participado en un procedimiento de renegociación o liquidación es utilizada por ellos. “Al evaluar la apertura de una nueva tarjeta, utilizamos como uno de los distintos antecedentes las obligaciones asumidas por una persona tras un procedimiento de insolvencia, ya que objetivamente afecta su capacidad de pago”, describieron.
“Si alguna de nuestras empresas ha tenido una interpretación no adecuada sobre lo que puede ser el espíritu final de la ley, las empresas están en disposición de hacer los ajustes necesarios a la brevedad. Aquí no ha habido ningún cliente afectado, según la información que manejamos”, describe Ortiz.
Al margen de esto, en la industria también enfatizan que las empresas deben seguir defendiendo sus mecanismos de resguardo frente a clientes que pudieran ser malos pagadores per se . Esto, sin embargo, es rechazado por la autoridad que dice que cualquiera de los procedimientos que se siguen en la superintendencia conlleva una rigurosidad importante en el chequeo de los antecedentes, pues la ley estipula penas -incluso de cárcel- para quienes sean sorprendidos engañando al sistema. Un elemento que reafirma esto es que del total de 3.341 solicitudes de renegociación recibidas por la superintendencia desde que partió el sistema, solo el 39,1% han sido admitidas.
Independiente de eso, Ortiz cuenta que el jueves por la tarde, en la segunda reunión que sostuvo el comité consultivo de la Superintendencia, este tema fue el primero en ser abordado por la instancia, donde ya comenzaron a hacerse propuestas para mejorar esta etapa de adaptación de la ley.
“Hay un tema más de fondo, que es el cómo debemos todos colaborar para asegurar la reinserción de las personas que pasan por este proceso. Lo que hay que hacer a futuro es derechamente buscar una instancia en que las personas que pasan por estos procesos al menos tengan que cumplir una capacitación o una certificación financiera que les permita reinsertarse”, sostiene. Plantea que esto puede realizarse como parte del mismo proceso que ya siguen las personas que se acogen a los mecanismos que brinda la ley.
Esto resulta pertinente, por ejemplo, al examinar la evolución que ha tenido el número de personas incorporadas en el Boletín Comercial (Dicom). Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sostienen que incluyendo las morosidades con casas comerciales y otros agentes institucionales, en la actualidad se registran 3.522.398 personas distintas en el boletín, cifra que supera en 300 mil al total que había un año atrás, y es equivalente a la cantidad de personas que había en 2012 cuando se promulgó la Ley 20.575, que otorgó un “perdonazo” a quienes mantenían deudas inferiores a $2,5 millones. Esto evidencia un mal comportamiento de las personas respecto del crédito, sostienen varios de los consultados.
¿Incentivo perverso para el financiamiento ilegal?
Lo que reclaman Ibáñez y parlamentarios como Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC) -que este miércoles ya se reunieron con el superintendente a analizar el tema-, es que de continuar registrándose nuevos casos, además de ser contradictorio con lo que propiciaba la ley, se podría estar incubando un incentivo perverso de fomento al “mercado informal” del financiamiento, donde los intereses cobrados están muy alejados de la normativa vigente.
3.522.398 PERSONAS se registran actualmente en el boletín comercial (Dicom), 300 mil más que hace un año, y el equivalente al número que había en 2012 cuando hubo un “perdonazo” a quienes tenían deudas inferiores a $2,5 millones.
“PARA BANCOESTADO, el que las personas se hayan acogido a los procedimientos contemplados en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, no constituye causal de rechazo para la contratación de productos y servicios financieros”, se defienden en la institución.
“Para la autoridad, esta práctica va en contra del espíritu de la nueva ley de quiebras, que busca que las personas que han caído en impagos logren reintegrarse en el sistema financiero.
“En la industria enfatizan que las empresas deben seguir defendiendo sus mecanismos de resguardo frente a clientes que pudieran ser malos pagadores per se.
“El Sernac consultó a 13 empresas del retail sobre los requisitos para otorgar créditos o tarjetas, y si entre ellos está el boletín concursal. Tienen plazo para responder hasta el 3 de junio próximo.
“Si alguna de nuestras empresas ha tenido una interpretación no adecuada sobre lo que puede ser el espíritu final de la ley, las empresas están en disposición de hacer los ajustes necesarios”.
 
Fuente: Emol