El caso supermercados ha llegado a una etapa clave. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fijó los puntos a discutir en el juicio por una presunta colusión en el mercado de la carne de pollo fresca que, según acusa la Fiscalía Nacional Económica, se habría ejecutado entre los años 2008 y 2011 entre las cadenas Walmart, SMU y Cencosud.
En el juicio, que se estima tomaría cerca de cuatro años dada la complejidad de las materias abordadas, el TDLC solicitó a través de la fijación del auto de prueba conocer antecedentes que validen una eventual colaboración con la FNE “durante la etapa de investigación o de forma previa a ésta”.
Esto último cobra relevancia pues las tres empresas requeridas sostuvieron en sus descargos ante el tribunal que prestaron colaboración en el proceso de indagatoria que llevara adelante la entidad antimonopolio.
Otro de los puntos que indaga el tribunal fue si las requeridas efectivamente levantaron programas de compliance. Dichas normativas vendrían a probar que las compañías acusadas de colusión generaron políticas de libre competencia en sus gerencias.
De hecho, pidió a las partes explicar la efectividad de que “las requeridas hayan implementado un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia serio y completo con anterioridad al año 2008”.
Esto último es parte fundamental de la respuesta que efectuara Walmart. La firma sostuvo ante el TDLC que ha desarrollado programas que incentivan practicas comerciales bajo el estricto apego a las normativas vigentes en materia de libre competencia.
Además el Tribunal solicitó conocer si es efectivo que las requeridas hayan intercambiado información comercialmente sensible entre ellas y que finalmente se haya transmitido dichos antecedentes a los proveedores.
Fuente: Pulso
Competencia en el sector eléctrico: el costo de una normativa rezagada
Electricidad
14 Jun 2024
