Las tarjetas de crédito no bancarias corresponden a un instrumento de crédito orientado a los consumidores para que estos dispongan anticipadamente de recursos destinados a realizar compras de bienes y servicios los cuales pagarán en diferido en el tiempo según las bases acordadas entre emisor y usuario de esta modalidad de crédito.
Este modelo de negocio, dada su extraordinaria rentabilidad, ha significado que en el tiempo las empresas de retail están obteniendo sus ganancias, no a través de la comercialización, sino que su principal fuente de resultados provienen del financiamiento otorgado a sus clientes usuarios de sus tarjetas de crédito. En el sector bancario ha sucedido un fenómeno similar donde los ingresos de los créditos de consumo han sobrepasado a los ingresos por los créditos a las empresas.
En el negocio del retail la operación de las tarjetas de crédito ha sido además un instrumento estratégicamente necesario para competir en este sector de la economía. Los comerciantes del retail que no han podido desarrollar esta herramienta de financiamiento han desaparecido del mercado o han quedado reducidos a mercados muy marginales o han debido adherirse a la aceptación de las tarjetas de crédito bancarias como medio de crédito a sus clientes.
Otra razón estratégica para emitir tarjetas de crédito por parte de los retailers está en la necesidad de fidelizar a sus clientes donde el mayor endeudamiento de estos clientes aumenta su dependencia del retailer. Cuando el usuario de tarjetas consume el total de sus ingresos líquidos para servir las obligaciones de sus acreedores emisores de tarjetas de crédito se transforma en un “esclavo económico” ya que subsistirá con los cupos de crédito que liberarán los pagos que él realice. Pero estos cupos sólo los podrá gastar en los locales de venta del retailer emisor de la tarjeta, esto es la fidelización perfecta.
La trascendencia de las tarjetas de crédito se puede medir por el número de estas tarjetas que han sido emitidas y que de acuerdo a estadísticas publicadas sólo hasta el año 2007 por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) las tarjetas no bancarias emitidas por distintas organizaciones de retail habían alcanzado a la cifra de 29.000.000.- de tarjetas. Por razones desconocidas estas estadísticas no siguieron publicándose por internet ( www.sbif.cl) por la SBIF.
Como antecedente adicional podemos indicar que la población activa chilena alcanza a una cifra de 7.200.000.- habitantes y bajo el supuesto que todas estas personas son poseedoras de una o más tarjetas de crédito no bancaria, esto arrojaría que aproximadamente cada uno estaría en posesión de 4 tarjetas de crédito no bancarias.
El hecho que a la fecha la SBIF informa que se encuentran vigentes 19.000.000., de tarjetas, permite concluir que más de 10.000.000.- de tarjetas emitidas han sido impedidas de seguir operando. Las razones de este impedimento pueden ser variadas, pero la causa principal para inhabilitar una tarjeta es la falta de pago por parte del usuario de estas tarjetas. Si se considera que cada usuario de tarjeta de crédito no bancaria posee en promedio 4 tarjetas, indicaría que alrededor de 2.500.000.- de usuarios estarían con serios problemas de financiamiento.
Dentro de las 19.000.000.- de tarjetas que se encuentran vigentes están aquellos que han entrado en la etapa de “bicicleteo” de sus deudas y en esta condición recurren a créditos que le permiten retirar dinero en efectivo el cual emplean para pagar deudas vencidas de otras tarjetas de crédito.
Dado el alto costo implícito en dineros girados en efectivo contra una tarjeta de crédito, es motivo para suponer que el usuario ha entrado en un “camino sin retorno” el que termina con la insolvencia absoluta del tenedor de estas tarjetas.
El reciente escándalo de La Polar, donde la empresa irresponsablemente entregó tarjetas de crédito a personas que no calificaban para un crédito, pero con esto aumentaban sus ingresos por concepto de ventas y sus respectivos ingresos financieros. Además La Polar habría repactado unilateralmente deudas atrasadas con cargos siderales en contra del usuario de sus tarjetas. La emisión de tarjetas y las repactaciones tenían como resultado un aumento más que significativo de las utilidades contables de La Polar y el consiguiente aumento del valor de las acciones de la compañía en la bolsa de valores. Cómo los ejecutivos de La Polar tenían opciones de acciones, estos vendieron sus acciones con pingües ganancias y perjudicaron al resto de los accionistas de esta empresa dentro de los cuales están los fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las tarjetas de crédito emitidas irresponsablemente, más los tenedores de tarjetas que “bicicletean” sus deudas y más los deudores repactados unilateralmente, forman parte de la actual cartera de créditos a clientes, no sólo de La Polar sino que por razones competitivas han intoxicado las cartera de crédito de los demás retailers. Lamentablemente la desidia de las autoridades como el Banco Central y la SBIF han hecho imposible dimensionar en su debida forma este fenómeno.
Llama la atención la posición pasiva del Banco Central al no intervenir y regular este mercado cuyo producto la tarjeta de crédito es un poder de compra emitido por empresas privadas y que casi es similar a un particular que emitiera billetes moneda lo cual sería fuertemente penalizado por la ley.
Tampoco el Banco Central o la SBIF han actuado proactivamente frente a este nuevo fenómeno económico el cual potencialmente podría generar serios problemas y catalizar una crisis económica de un costo inimaginable para la comunidad si es que entran en falencia estos “retailers”.
En EEUU se generó una crisis financiera por exceso de créditos hipotecarios otorgados a personas de alto riesgo. En Chile es probable que una crisis financiera se origine por créditos de consumo (Tarjetas de Crédito) otorgados a segmentos de altísimo riesgo. La crisis de las Tarjetas de Crédito se estaría postergando por los sistemáticos aumentos de los cupos de crédito, el refinanciamientos de créditos y los anticipos en dinero que facilitan el “bicicleteo” de los montos adeudados.
En el caso La Polar la incapacidad de los auditores externos y las empresas evaluadoras de riesgo para medir el valor real de las carteras de crédito relacionadas con sus tarjetas de crédito ha perjudicado y peor perjudicarán a muchísimas personas naturales y jurídicas que creyeron en los informes de auditoría y de evaluación de riesgo.
El costo para la economía chilena de una crisis en el sector retail originada por créditos riesgosos demuestra no sólo la necesidad imperiosa de una regulación más estricta de este sector; entre otros justifica ampliamente que la autoridad consolide las deudas que tienen los deudores chilenos para tener una información transparente para todos los operadores de tarjetas de crédito.
El espectacular crecimiento de las tarjetas de crédito tiene su origen en todas las oportunidades que han generado las leyes y la aplicación de éstas por el Poder Ejecutivo. Hay que tener presente que el modelo económico vigente en Chile está diseñado para dar todas las oportunidades a las grandes empresas en detrimento de los consumidores y de las medianas y pequeñas empresas.
La Ley 18010 sobre las normas para las operaciones de crédito establece el procedimiento para calcular la tasa TIC (Tasa de Interés Corriente) que se define como la tasa de interés promedio de la categoría, observada en el período anterior, y ponderada por el monto de cada operación. La fórmula vigente para obtener las Tasas Máximas Convencionales (TCM) consiste en tomar la tasa TIC que corresponda y multiplicarla por el factor 1,5.
Esta fórmula es perversa para el segmento de los créditos menores a 200 U.F. ya que el comportamiento de los agentes financieros frente a un consumidor sin capacidad de negociación es y será la de aplicar la tasa máxima a los créditos menores, con lo cual el TIC promedio de este segmento crecerá periódicamente y por ende la Tasa Máxima Convencional. Hay que hacer presente que esta perversidad se mantiene en el actual proyecto de ley que rebaja el factor de 1,5 a 1,35 que se aplica sobre la Tasa de Interés Corriente para determinar la Tasa Máxima Convencional.
La Tasa de Interés Corriente (TIC) tiene incorporada el factor inflación, por lo tanto el recargo de un 50% de la TIC para determinar la Tasa Máxima Convencional (TMC) se justifica por el mayor riesgo involucrado en los respectivos créditos. De acuerdo a la SBIF al 31 de diciembre del año 2010 la cartera de créditos de los emisores de Tarjetas de Crédito no Bancarias que estaban morosos (incluso morosos de menos de 30 días) alcanzaban a un total de $1.000.000.000. Durante ese mismo año se realizaron operaciones de crédito por un total de $5.400.000.000. Si el total de morosos que llegan a $1.000.000.000.- decidieran no pagar su deuda morosa esto representaría solo un 19% de las operaciones hechas a crédito, lo que indicaría que el 50% de recargo al TIC no puede justificarse de ninguna manera.
Donde un ente estatal perpetró la decisión que ha sido más nefasta y que ha impactado con máxima intensidad negativa a los usuarios de Tarjetas de Crédito fue cuando en el año 1999, bajo el gobierno de Eduardo Frei, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras decidió segmentar en 3 grupos el cálculo de la Tasa de Interés Corriente (TIC) para créditos no reajustables, lo que antes era un solo grupo. Se generaron 3 TIC distintos, un TIC promedio para
los créditos inferiores a 200 UF (donde caen las Tarjetas de Crédito), otro interés corriente promedio para los créditos entre 200 UF y 5000 UF y finalmente un TIC promedio para aquelllas operaciones de crédito superiores a 5.000 UF.
Esta nueva fórmula de cálculo de la SBIF generó una nueva gama de oportunidades para las empresas operadoras de tarjetas de crédito al producirse un aumento significativo del “spread” real (descontada la inflación). El “spread” definido en este caso como la diferencia entre la tasa de colocación aplicada a las Tarjetas de Crédito y la tasa de captación de fondos para montos superiores a 5.000. U.F. Con esta segmentación el negocio del crédito a los consumidores se hizo muy rentable al aumentar las tasas de colocación y disminuído la tasa de captación, lo que a su vez coincide con el momento que comienza a crecer exponencialmente el negocio de las Tarjetas de Crédito no Bancarias.
La SBIF en forma interspectiva, luego de más de 25 años sin autorizar nuevos bancos nacionales, licenció a tres empresas de “retail” para que operarán sus propios bancos “autorizados” lo cual les dio posiblidades de obtener fondos aún a más bajo costo del Banco Central y además de quedar exentas de pago de IVA por los intereses y comisiones percibidas, lo que ha hecho mucho más rentable este negocio. Estimaciones hechas con los datos disponibles indicarían que esta exención superaría los US$ 250.000.000. anuales.
Otro eslabón más de la cadena de desaciertos que perjudicarán abiertamente a los consumidores es el proyecto de ley mediante el cual las instituciones financieras podrán dar préstamos cuyo servicio podrá ser descontado en la planilla de remuneraciones http://rbb.cl/1kae via@biobio
No puede negarse que en la industria del retail financiero, representada por las Tarjetas de Crédito no Bancarias, tanto la legislación como los entes encargadas de regularlas han sido extraordinariamente dadivosas en oportunidades para este sector los que las han sabido aprovechar en todas sus posibilidades.
Un estudio sobre los mecanismos de más alta incidencia en la redistribución negativa de la renta en Chile colocarían a las Tarjetas de Crédito no Bancarias en un primer lugar lo que significa que estas colaboran directamente en hacer más pobres a los pobres y viceversa más ricos a los ricos.
Es lamentable que los daños y perjuicios que han soportado los consumidores chilenos con las Tarjetas de Crédito No Bancarias no forman parte parte de la agenda de los medios de comunicación tradicionales dada la alta incidencia que tienen en sus resultados la publicidad de los retailers. Esto a su vez significa que en la agenda de los políticos, tanto de los miembros del Congreso como del Ejecutivo, no tiene prioridad los problemas de los consumidores. Si en el futuro no se fortalecen las asociaciones de consumidores, seguiremos observando como el consumidor es abusado en las más diversas formas.
Indudablemente estos antecedentes, que en el tiempo han perjudicado la calidad de vida de millones de consumidores chilenos, abren las compuertas para que en Chile se desarrolle un movimiento de los “consumidores indignados”, el cual ha estado presente en los movimientos estudiantiles recientes.
Finn R. Samsing A.
Director de CONADECUS
Santiago (Chile), 2011.
