La audiencia sobre el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre enfrentó posturas antagónicas sobre el pluralismo, la libertad de expresión, el derecho a la información y el rol del Estado.
Ayer culminaron los dos días de alegatos en el Tribunal Constitucional cuando los ministros atendieron las intervenciones del gobierno y de los parlamentarios de la UDI, cuya sentencia se conocerá antes del 18 de noviembre.
Durante el primer día de audiencias presentaron sus alegatos diversos actores sociales; representantes de los intereses de la industria, del gremio de los medios de comunicación y también organizaciones sociales, entre ellas la Mesa Ciudadana de Tv Digital y Conadecus.
El requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de ley presentada por parlamentarios UDI objeta 4 puntos. Las 17 organizaciones argumentaron a favor y en contra acerca de si esta ley vulneraría la libertad de expresión de los concesionarios. Es decir, si es legítimo que los medios de comunicación estuvieran obligados a “promover el pluralismo” incorporando programación en ese sentido. El segundo punto fuertemente impugnado es el espacio gratuito que deberían prestar para campañas de carácter público.
La libertad de expresión de los medios
A favor de la inconstitucionalidad se articularon la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile), la Fundación Jaime Guzmán, la AIR (Asociación Internacional de Radiodifusores) el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo y la ANATEL (Asociación Nacional de Televisión) quienes defendieron el derecho a la libertad de expresión de los medios, garantizado en la Constitución de Chile, lo cual inhabilitaría al Estado para interferir en los contenidos programáticos… “Tenemos una preocupación por el monopolio del Estado”, manifestó el representante de la Fundación Jaime Guzmán, quien solicitó al estrado desatender las menciones al neoliberalismo (crítica a la propiedad de los medios) presentadas en otras intervenciones, por estar, en su opinión, fuera de contexto.
EL Consejo Nacional de Televisión reconoció que no revisan las líneas programáticas, sino casos en particular en los cuales tienen por mandato del Presidente de la República respaldar el pluralismo. Sin embargo se declaró incompetente para cumplir la función de determinarlo.
Por su parte la Anatel manifestó que “el pluralismo ya está garantizado por el Consejo Nacional de Televisión… La Tv ya cuenta con amplia manifestación de ideas y pluralismo y no necesita un marco regulatorio especial”. Destacó también que la Tv debe tener plena autonomía para programar sus contenidos y elegir las campañas de interés público a difundir. En la defensa de su autonomía, añadió que los medios pagan concesión por el uso radioeléctrico y se autofinancian sin aporte estatal directo.
El derecho a la información ¿Estado o libre mercado?
“Quisiera complementar la información de Anatel en relación a qué el espectro radioeléctrico si se paga por ser utilizado… Se paga un 0,28% de los ingresos por concepto de publicidad y las concesiones en Chile se entregan sin pago previo”. En cambio en Brasil las concesiones se entregan contra un pago de 50 millones de dólares, señaló el actor y gestor cultural, Jaime Mondría, aludiendo a las garantías del Estado chileno para los concesionarios.
La vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, resaltó el interés social por democratizar los medios de comunicación y la importancia del Estado en la regulación de la propiedad de los medios con el fin de garantizar el derecho a la información y el pluralismo. Se alinearon a este enfoque la Mesa de Ciudadanía y Tv Digital, la Corporación de Consumidores de Chile, Conadecus, FUCATEL (Observatorio de Medios), la Asociación Gremial de Productores y el actor Jaime Mondría.
Las organizaciones cuestionan la concentración de los medios de comunicación en manos de grupos económicos que a su vez los financian y sostienen que los alcances reclamados por la UDI y el gobierno fortalecerían el pluralismo, pues obligaría a los canales de televisión a exponer “la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género” de Chile, lo cual contribuiría a un fortalecimiento de la democracia y la participación en el mundo social y político, además de mejorar la calidad de los contenidos.
¿Hasta qué punto este debate, estos antecedentes, ha tenido visibilidad en los medios de comunicación en 5 años de tramitación?. Las organizaciones empresariales aquí presentes han desestimado la participación y los argumentos de la sociedad civil, manifestó Jorge Cisternas, director de Conadecus, impugnándoles implícitamente no aplicar el derecho a la información garantizada en la Constitución de Chile, postura reafirmada por el Colegio de Periodistas y Fucatel, que en su calidad de observatorio ciudadano de medios, calificó el pluralismo de Chile como “escuálido” y expuso la incapacidad de los medios por garantizar el derecho a la información en un país donde hasta hace poco, se desconocía la línea editorial de “El Mercurio” y “La Tercera”…
Jaime Mondría, con 8 años de seguimiento a los alcances de esta ley aportó un dato clave: Con las garantías de uso prácticamente gratuito del espectro radioeléctrico no podría sostenerse que en Chile esta ley vulnera la libertad de expresión o atenta contra el fortalecimiento de la democracia si en Estados Unidos se obliga a concesionarios cable operadores a tener uno de cada 4 canales con fines educativos.
La presentación del director de Conadecus Aquí
Álvaro H. González Susaeta, periodista, Conadecus
Comisión de Minería y Energía aprueba que asociaciones de consumidores puedan solicitar revisión de tarifas eléctricas
DESTACADOS
21 Nov 2024