Hace practicamente un año, el 28 de octubre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra CMPC y SCA Chile, filial de la sueca SCA, por presunta colusión en el mercado del papel tissue.
En ese período, CMPC puso en marcha una completa reestructuración de su plana ejecutiva -que incluyó la salida de Eliodoro Matte de la presidencia- y ha habido avances en el proceso investigativo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Pero donde ha habido menos avance es en la definición del mecanismo de compensación a los consumidores y el monto a compensar, que se trabaja en una mesa liderada por Sernac. Las últimas noticias se produjeron el jueves, cuando luego de un mes sin reuniones la mesa que integran Sernac, CMPC, Odecu y Conadecus retomaron las conversaciones, con el objetivo de definir la forma en que se presentarán los informes de los economistas Aldo González y José Luis Lima, a quienes se encomendó un estudio para calcular los daños.
Pero aún está lejos el acuerdo final. Desde el Sernac señalaron que “la extensión de tiempo durante la cual ocurrió la infracción (más de 10 años de colusión) aumenta la complejidad del análisis de los datos, razón por la cual los informes compensatorios requieren revisiones mucho más exhaustivas, con el fin de determinar el daño efectivo a los consumidores”. Según el organismo estatal, esta es la razón por la cuál no se ha determinado los montos a compensar ni quienes recibirán dicho monto, aunque especifican que es evidente que “la población dañada son todas las familias chilenas”.
Además, agregaron que este proceso de mediación colectiva es “el camino más rápido para lograr soluciones para los consumidores”, argumentando que un juicio podría demorar tres o más años en definir una compensación. De todas formas, la definición que emane de esta mesa deberá ser ratificado por la Justicia.
En La Papelera aseguraron no estar incómodos con la demora en el alcance de un acuerdo. “Se trata de un proceso técnico, complejo e inédito de mediación en el cual CMPC participa de manera voluntaria, con el propósito de evaluar el impacto que pudieron tener los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica en los consumidores y buscar una fórmula para compensarlos”, señaló Rafael Cox, fiscal de CMPC.
El profesional añadió que para la empresa, más que los plazos, “lo que importa es lograr a un buen resultado para un proceso que además de complejo, es voluntario”.
Mario Bravo, abogado de Conadecus, no cree que el proceso se haya dilatado. “Ha sido un proceso muy serio, donde la papelera actúa de buena fe, en un tema muy complejo”, planteó.
Por su parte, Stefan Larenas, presidente de Odecu, sostuvo que en las reuniones se ha avanzado en vislumbrar “el universo de afectados y un posible mecanismo de compensación”.
En ese período, CMPC puso en marcha una completa reestructuración de su plana ejecutiva -que incluyó la salida de Eliodoro Matte de la presidencia- y ha habido avances en el proceso investigativo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Pero donde ha habido menos avance es en la definición del mecanismo de compensación a los consumidores y el monto a compensar, que se trabaja en una mesa liderada por Sernac. Las últimas noticias se produjeron el jueves, cuando luego de un mes sin reuniones la mesa que integran Sernac, CMPC, Odecu y Conadecus retomaron las conversaciones, con el objetivo de definir la forma en que se presentarán los informes de los economistas Aldo González y José Luis Lima, a quienes se encomendó un estudio para calcular los daños.
Pero aún está lejos el acuerdo final. Desde el Sernac señalaron que “la extensión de tiempo durante la cual ocurrió la infracción (más de 10 años de colusión) aumenta la complejidad del análisis de los datos, razón por la cual los informes compensatorios requieren revisiones mucho más exhaustivas, con el fin de determinar el daño efectivo a los consumidores”. Según el organismo estatal, esta es la razón por la cuál no se ha determinado los montos a compensar ni quienes recibirán dicho monto, aunque especifican que es evidente que “la población dañada son todas las familias chilenas”.
Además, agregaron que este proceso de mediación colectiva es “el camino más rápido para lograr soluciones para los consumidores”, argumentando que un juicio podría demorar tres o más años en definir una compensación. De todas formas, la definición que emane de esta mesa deberá ser ratificado por la Justicia.
En La Papelera aseguraron no estar incómodos con la demora en el alcance de un acuerdo. “Se trata de un proceso técnico, complejo e inédito de mediación en el cual CMPC participa de manera voluntaria, con el propósito de evaluar el impacto que pudieron tener los hechos denunciados por la Fiscalía Nacional Económica en los consumidores y buscar una fórmula para compensarlos”, señaló Rafael Cox, fiscal de CMPC.
El profesional añadió que para la empresa, más que los plazos, “lo que importa es lograr a un buen resultado para un proceso que además de complejo, es voluntario”.
Mario Bravo, abogado de Conadecus, no cree que el proceso se haya dilatado. “Ha sido un proceso muy serio, donde la papelera actúa de buena fe, en un tema muy complejo”, planteó.
Por su parte, Stefan Larenas, presidente de Odecu, sostuvo que en las reuniones se ha avanzado en vislumbrar “el universo de afectados y un posible mecanismo de compensación”.
Fuente: LaTercera
