Luego de los cortes de suministro eléctrico en junio y julio, distintos actores presentaron demandas en contra de la empresa italiana encargada del servicio. ¿Cuánto se puede conseguir? ¿Qué alcances tienen estas acciones?
Los cortes del suministro eléctrico que afectaron a la zona central de Chile en los meses de junio y julio continúan su camino en tribunales, mediante demandas colectivas en tramitación, como las presentadas por las municipalidades de Peñalolén y Las Condes, además del Servicio Nacional del Consumidor, entre otros actores, contra la italiana Enel.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), en conversaciones con El Ciudadano, advirtió que «en las demandas colectivas se representa el interés de todos los afectados por un mismo hecho» y que, en el mejor de los casos, solo se puede recuperar una compensación equivalente al «corte de suministro y lo que no se prestó de servicio».
«En las demandas colectivas se cobran los daños que se le produjo al consumidor, pero no el daño moral. Todo lo que tenga que ver con aspectos psicológicos es daño moral. Eso no lo puedo alegar en una demanda colectiva, porque no existe el daño moral colectivo, sino que se cobra individualmente ante un juzgado de policía local», explicó.
En este sentido, Calderón sostuvo que el mejor escenario para una demanda colectiva considera «la compensación completa de lo que corresponde a la falta del servicio que estaba contratado, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa y además que uno podría alegar que la compensación de la empresa es insuficiente para resarcir todo el daño».
¿Qué pasa si un consumidor no queda conforme con el resultado de una demanda colectiva?
Calderón explica que «hay un período en que se produce con la notificación. Se publica el fallo o el acuerdo y cada persona tiene un plazo para hacer reservas de derecho y con eso pude iniciar la acción que le corresponde, porque tuvo mayores daños de los que dio la demanda colectiva».
Sin embargo, el presidente de Conadecus acota que una persona puede acudir directamente a un juzgado de policía local, «teniendo pruebas suficientes, para acreditar todos los daños que se le hicieron, como la falta de suministro, la pérdida de artefactos y alimentos, el estrés y daño psicológico».
«Un modelo que no responde»
Sin embargo, los problemas para Enel, una de las distribuidoras eléctricas más cuestionadas, no se restringen a los dos cortes de suministro iniciados el 16 de junio y 15 de julio, respectivamente, puesto que en los últimos días se han reportado numerosas denuncias por cobros excesivos e inusuales en las cuentas de distintos clientes.
Para Hernán Calderón, este escenario de crisis tiene una explicación. «Lo que sucede con la baja calidad del servicio preventivo y de las respuestas ante las emergencias tiene que ver con que este modelo que existe de empresa regulada, es un modelo que no responde y no propicia la inversión por parte de las empresas», señala.
HERNÁN CALDERÓN
Calderón argumenta que el problema reside en las tarifas máximas establecidas por ley, porque «el modelo que tenemos lo que hace es incentivar la optimización de los servicios, es decir, recortar al máximo la mano de obra y tercerizarla, perdiendo calidad y respuesta, optimizando la prevención y las emergencias para obtener más rentabilidades, ya que a partir de una fijación tarifaria, la rentabilidad no tiene límites».
En palabras del presidente de Conadecus, «no podemos seguir teniendo tarifas máximas, porque lo que necesitamos son utilidades máximas que se fijen. En consecuencia, el incentivo a invertir es cuando hay utilidades máximas, porque a mayor cantidad de inversión, va a obtener más utilidad, pero con un techo y una vez que se supera, todo la utilidad restante se debe devolver a los consumidores».
A su vez, vislumbra otro camino, que posibilite a «las empresas distribuidoras para que puedan haber varias que lleguen a la puerta del consumidor a ofrecerle el servicio».
¿Cómo? Aquí la explicación de Calderón: «Eso se logra creando operadores de infraestructura, porque hoy tenemos un sistema desintegrado, por lo tanto, sabemos que el generador tiene una tarifa, lo que no tenemos es una tarifa por transmisión, ni por el uso de redes. De modo que las redes operen como un operador de infraestructura independiente del que presta el servicio final y ese tendrá que cobrar los peajes correspondientes para que cualquier persona pueda subirse a su red y ofrecer servicio, que es lo que llamamos apertura a terceros para la distribución, para que quede con precio libre y compitan las empresas».
Fuente: El Ciudadano
