Santiago, 22 de junio de 2020.- Dueño de cadena Lider participará en el Procedimiento Voluntario Colectivo, PVC, al que convocó el Sernac y donde Conadecus entregó sus observacioes. Hasta ahora, es la única involucrada en aceptarlo, Cencosud y SMU aún no se pronuncian.
¿Qué es el Proceso Voluntario Colectivo, PVC?
El PVC es una herramienta que incorpora la nueva ley del consumidor y que busca facilitar estos procesos.
El objetivo del PVC es buscar una solución amigable entre un proveedor y un grupo de consumidores potencialmente afectados por infracciones a la normativa protectora de sus derechos como tales y tiene tres formas de apertura:
- Se puede dar inicio de oficio por parte del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.
- El PVC puede ser iniciado por solicitud del proveedor.
- La apertura del procedimiento puede tener lugar en virtud de una denuncia fundada deducida por una asociación de consumidores.
El abogado de Conadecus, Antonio Olivares señaló: “esperamos un acuerdo que pueda beneficiar a los consumidores y lograr indemnización por los daños sufridos”.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, valora que Walmart se someta al PVC, “también es imoprtante que reconozacn el error que cometieron y remediar el daño que causaron, este es un proceso que recién se está iniciando, queremos que sea un proceso transparente y que sean los expertos los que realicen los informes técnicos y económicos, con esos datos podremos llegar a los acuerdos de cómo van a ser las compesaciones, esperamos que Cencosud y SMU también somentan a este proceso, los consumidores necesitan una respuesta ahora.”
El director del sernac, Lucas del Villar, señaló que: “se oficio a las empresas involucradas para iniciar un procedimiento voluntario colectivo, en el cual la empresa Walmart ya confirmó participar, y durante este proceso se realizarán todos los estudios económicos que permitan calcular el perjuicio provocado a los consumidores durante este proceso colusorio y las correspondientes compensaciones que se van a aplicar”.
“Una vez que se logre esta propuesta conversatoria deberá ser presentada ante el tribunal,el que deberá verificar que se cumpla con todos los estándares que establece la ley, entre ellos que sea una propuesta al daño que fue causado”, detalló.
La acusación
Este juicio comenzó en enero del 2016, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal acusando el acuerdo entre las cadenas para no vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más IVA, lo que era coordinado a través de sus proveedores.
La FNE precisó en su presentación que las cadenas “adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas”, con el objetivo de “regularizar el mercado” y “evitar guerras de precios”.
Este mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado “Caso Pollos”, en el cual las avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo fueron condenadas en octubre de 2015 por la Corte Suprema a multas que totalizaron 74.000 UTA, equivalentes a más de US$ 55 millones de la época.
A partir de los indicios detectados en esas pesquisas, el 14 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la entrada, registro e incautación en dependencias de los actores de la industria supermercadista.
En esa diligencia fue posible recopilar diversos antecedentes (contenidos en equipos computacionales y respaldos de correos electrónicos) que dieron cuenta de los contactos sostenidos entre ejecutivos de las cadenas de supermercados y de las empresas proveedoras de pollos.
Los documentos revelaron que los primeros reclamaban por vía telefónica o por e-mail ante los segundos cuando detectaban que otra cadena se desviaba del acuerdo de no vender bajo el precio de lista mayorista.
El objetivo de estas gestiones era que los proveedores actuaran como intermediarios, alertando a la otra cadena sobre el incumplimiento para que se ajustara a las directrices acordadas.
Para que el acuerdo funcionara, las cadenas requeridas monitorearon constantemente los precios de venta a público de la carne de pollo fresca de su competencia, tanto a través de personal interno como por medio de empresas externas contratadas para ese fin.
Fuente: Fiscalía Nacional Económica.
